La Corte Suprema de Estados Unidos tomó el jueves una decisión a favor de un estatuto de Arizona, uno que no ayuda a resolver el estatus de los 11 millones de personas a quienes el presidente Barack Obama llama “inmigrantes indocumentados”. Pero si la Ley de Trabajadores Legales de Arizona marca una tendencia para muchos otros estados, al menos podría forzar la cuestión e inducir al Congreso a aprobar una legislación sensata de reforma migratoria, con el fin de regularizar la situación de los millones de inmigrantes ilegales que están bien establecidos en Estados Unidos, y de quién ha llegado a depender la economía estadounidense. Esta no es la famosa ley de Arizona que alienta a la policía a detener a las personas para verificar su estatus migratorio, afectando inevitablemente a cualquiera que parezca mexicano (incluidos los residentes mexicanos que visitan Estados Unidos, como ha señalado el presidente Felipe Calderón); el caso constitucional al respecto todavía está en curso. En cambio, la LAWA exige que las empresas verifiquen el estado de los solicitantes de empleo a través de un sistema federal llamado E-Verify, e impone multas, e incluso la cancelación de licencias, a las empresas que contratan inmigrantes ilegales a sabiendas.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos se unió a asociaciones de libertades civiles para desafiar la LAWA; 13 estados apoyaron a Arizona. Siete estados ya tienen leyes similares. Las opiniones de los distintos jueces en este caso no pueden recomendarse como una buena lectura; lucharon con la coexistencia de leyes federales y estatales superpuestas, en lugar de abordar las cuestiones políticas generales de la inmigración. El juez Anthony Kennedy, a menudo el voto indeciso, se puso del lado de los jueces más conservadores y se confirmó el estatuto de Arizona. Este resultado fue bastante razonable en sí mismo. Los Estados pueden regular las empresas en interés de sus ciudadanos y deberían poder tener en cuenta la inmigración ilegal al hacerlo. Pero la decisión plantea la desagradable perspectiva de un Estados Unidos dividido entre un grupo de estados que aceptan o toleran a los trabajadores “indocumentados” y otro grupo que los excluye o persigue. Al final, Obama –o, si es necesario, uno de sus sucesores– debe trabajar con un Congreso realista e imparcial, a fin de establecer un proceso para legalizar el estatus irregular de inmigrantes que de otro modo respetarían la ley. 29 de mayo de 2011
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